Comprobación limitada

Con carácter general, la Agencia Tributaria otorga un plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos) contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación. Es posible solicitar una ampliación de plazo de hasta 5 días si la recopilación de la documentación reviste complejidad, siempre que se pida dentro de los primeros 6 días del plazo inicial.

Sí. Si durante la revisión del expediente los funcionarios de Gestión Tributaria aprecian indicios de irregularidades graves, contabilidades B o esquemas de fraude complejos que exceden sus competencias, dictarán una resolución dando por finalizada la comprobación limitada e iniciarán (o derivarán el expediente a) un procedimiento de Inspección Tributaria.

Ignorar un requerimiento de la AEAT no detiene el procedimiento. Hacienda te declarará en rebeldía procesal, perderás el derecho a deducir los gastos o cuotas reclamadas (dictando una propuesta de regularización al 100% en tu contra) y, además, te impondrá una sanción independiente por obstrucción a la labor de la Administración Tributaria (artículo 203 de la LGT), cuyas multas pueden ir desde los 150 euros hasta porcentajes elevados sobre tu cifra de negocios.

Sí. El pago de la deuda en periodo voluntario evita la generación de recargos de apremio e intereses de demora adicionales, pero no implica conformidad legal con la resolución dictada por Hacienda. Puedes abonar la cantidad (o solicitar la suspensión) e interponer en el plazo de 1 mes un Recurso de Reposición o una Reclamación Económico-Administrativa ante el TEAR para exigir la devolución de los ingresos indebidos.

No para regularizar ese año, pero sí si afecta a ejercicios no prescritos. El plazo de prescripción general de las deudas tributarias es de 4 años. Sin embargo, existe una excepción clave: si en una comprobación limitada de un año no prescrito (por ejemplo, 2024) aplicas una deducción, una amortización o compensas una Base Imponible Negativa (BIN) originada en un ejercicio prescrito (por ejemplo, 2018), Hacienda sí tiene la facultad legal de exigirte las facturas o contabilidad de ese año prescrito para verificar que la partida que te estás deduciendo hoy se generó de forma legal.

Sí, siempre que lo solicites a tiempo. El artículo 91 del Reglamento General de Gestión e Inspección permite pedir una ampliación de hasta la mitad del plazo concedido (habitualmente 5 días hábiles más). Para que sea concedida obligatoriamente, debes solicitarla de forma motivada a través de la Sede Electrónica dentro de los primeros 6 días del plazo inicial y alegar dificultades técnicas o de recopilación de la documentación. Nunca esperes al noveno o décimo día para pedir una prórroga, ya que será denegada automáticamente.

Este es uno de los requerimientos más frecuentes. Para la Ley del IVA existe una presunción legal del 50% de afectación en turismos sin necesidad de prueba exhaustiva. Sin embargo, si pretendes deducir el 100% del IVA o cualquier porcentaje en el IRPF, la carga de la prueba recae íntegramente sobre ti. La AEAT no aceptará solo la factura de compra o del taller. Deberás aportar un «dossier probatorio» sólido: libro de registro de visitas a clientes, correos de cita previa, albaranes de entrega firmados, rotulación corporativa del vehículo o geolocalización GPS que demuestre que el vehículo no se utiliza los fines de semana ni para uso personal.

La propuesta de liquidación (comúnmente llamada «paralela») es una notificación provisional emitida durante la fase de Trámite de Audiencia. En ella, Hacienda te comunica la cuota que pretende cobrarte y los motivos, pero aún te otorga entre 10 y 15 días para presentar alegaciones finales. La liquidación provisional o definitiva, en cambio, es el acto administrativo formal que pone fin al procedimiento: fija la deuda exigible, abre el periodo voluntario de pago e inicia el plazo de 1 mes para poder interponer un Recurso de Reposición o una Reclamación Económico-Administrativa ante el TEAR.

Sí, rotundamente. Durante años la AEAT argumentaba que si el contribuyente no aportaba una prueba en la fase inicial de gestión no podía hacerlo después. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sentado doctrina clara: el contribuyente tiene pleno derecho a presentar cualquier prueba relevante en fases posteriores de recurso o ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), siempre que no se demuestre una actitud de mala fe o abuso de derecho con la intención deliberada de entorpecer la labor fiscalizadora de la Administración.

El procedimiento de comprobación limitada está sujeto a un plazo máximo de duración de 6 meses desde que te notifican el requerimiento inicial hasta que se notifica la resolución final. Si transcurren los 6 meses sin que la AEAT haya dictado resolución (y no ha habido paradas imputables al contribuyente), el procedimiento caduca automáticamente y queda sin efecto. El archivo por caducidad no impide que Hacienda pueda volver a abrir un nuevo expediente sobre el mismo impuesto y año, pero tiene dos consecuencias de oro:

1. Todas las actuaciones del procedimiento caducado se tienen por no realizadas a efectos de interrumpir la prescripción.

2. No se devengan intereses de demora durante el periodo en que el expediente estuvo caducado

Sí, pero las reglas cambian según el concepto. Si la resolución incluye una sanción (multa), su pago queda en suspensión automática e inmediata por ley al interponer el recurso en plazo, sin necesidad de aportar avales ni pagar recargos. Si la resolución incluye la cuota tributaria e intereses de demora (liquidación), el pago sigue siendo exigible; para suspenderlo deberás aportar garantías bancarias (aval o seguro de caución), solicitar la suspensión con dispensa de garantías alegando perjuicios de difícil reparación o realizar el pago «bajo protesta» para exigir su devolución con intereses cuando ganes el recurso.